→ Industriales piden al Poder Legislativo convocar a un Parlamento Abierto antes de que se dictamine la iniciativa, para dar voz a los sectores que podrían resultar afectados.
→ Chamber of Commerce México: la reforma administrativa sería un dique para la inversión extranjera.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) consideró que las reformas enviadas por el Ejecutivo Federal para modificar 23 leyes en materia administrativa “violentan el orden jurídico y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”.
Los industriales hicieron un llamado al Poder Legislativo para que, antes de dictaminar la iniciativa, escuche los planteamientos de los sectores que podrían resultar afectados con las reformas, mediante un Parlamento Abierto.
La Concamin puntualizó que la certeza jurídica debe estar por encima de cualquier interés de orden administrativo y que la discrecionalidad en las decisiones siempre genera suspicacias y evita que haya transparencia en los procesos.
Además, “concentrar en la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas, hace a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”.
Asimismo, al no ser necesarios estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra, se atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Las reformas propuestas buscan que, de forma discrecional, la Administración Pública Federal pueda “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”,
También le confiere “atribuciones para llevar a cabo actos que corrijan desviaciones que puedan darse tanto por infracciones a la ley como por la existencia de acontecimientos que modifiquen las condiciones iniciales en que se emitieron los actos administrativos y que, con posterioridad a su emisión, resulten perjudiciales para el interés general”.
Chamber of Commerce México: la reforma administrativa sería un dique para la inversión extranjera
Por su parte, la International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa, presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 28 de marzo, de ser aprobada en el Congreso de la Unión, permitiría grandes márgenes de discrecionalidad al gobierno mexicano en contra de los particulares y atentaría contra el Estado de Derecho.
Se crearía mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas y se convertiría en un dique para la llegada de inversión extranjera directa para el país, precisamente ahora que está en curso el nearshoring hacia México.
La ICC añadió que la reforma legislativa supondría diversas violaciones a la Constitución y a tratados internacionales en materia de protección de inversiones celebrados por México. Por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de no retroactividad, el derecho de un recurso efectivo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre competencia y concurrencia, la interdicción de la arbitrariedad, el derecho a la consulta de los pueblos originarios, y el principio de legalidad, ente otros.
En caso de entrar en vigor, la iniciativa que pretende modificar 23 leyes federales podría afectar también los derechos de los permisionarios, concesionarios y licenciatarios en múltiples ramas de la industria, porque proporciona al gobierno federal mayor discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y concesiones, así como en la contratación pública.
Por ejemplo, la iniciativa de reforma introduce nuevas causales de extinción del acto administrativo de carácter individual por “rescate o revocación”. Dentro de estos cambios, resalta la obligación de incluir, en todos los contratos que se celebren bajo dichas leyes, una cláusula de terminación anticipada por causa de interés público, llamada “Cláusula exorbitante”, con la que se podrían dar por concluidos contratos de forma anticipada por causa de “interés público”.
La Iniciativa de Reforma propone modificar la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y la Ley de Expropiación para limitar los montos de las indemnizaciones a cargo del Estado, lo que contraviene las obligaciones internacionales del Estado mexicano, asumidas bajo los distintos tratados en vigor, sobre todo en materia de protección de inversiones.
También se propone modificar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como otros nueve ordenamientos jurídicos que regulan al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros, para limitar el monto de remuneraciones que pueden recibir los servidores públicos, así como limitar la posibilidad de que al cesar sus encargos, puedan trabajar o prestar servicios a los particulares que antes supervisaban o regulaban, o con los que celebraban actos administrativos.
Asimismo, se plantea la sectorización de las entidades paraestatales para que por razones de interés público, interés general, interés social o de seguridad nacional, además de atender a su esfera de competencia puedan hacerlo con otras; para esto se crearían las figuras de “integración” y “reintegración”, con el fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal la transferencia de personal y de los recursos financieros y materiales de las entidades paraestatales a las dependencias de la Administración Pública Federal.